EpC, un atentado a la libertad

 

"La educación para la ciudadanía es una hermosa criatura. Pero, en España, ha venido al mundo con pecado original". Comparto el diagnóstico de Jorge Otaduy, profesor de Derecho Eclesiástico en la Universidad de Navarra.

Es cierto que la democracia requiere un cierto grado de consenso en torno a los valores básicos que garantice la subsistencia del modelo. Sin embargo, no es demócrata el que tacha de pusilánime, alarmista o provocador a los padres que objetan y se oponen a que sus hijos reciban la nueva asignatura.

Los padres conocen bien las ideas sociales, culturales y religiosas del Gobierno de Zapatero. Su radicalismo le ha llevado a arrollar sin miramientos convicciones firmes de millones de españoles sobre el matrimonio, la familia o la protección de la vida humana. El Estado no tiene el monopolio de la verdad. No puede exigir autoritariamente que se inculque a los niños su concepción de la vida, de los valores y de la sociedad. Por mucho que lo pretenda a través de leyes aprobadas en el Parlamento, muchas veces por una escasa minoría y dejando fuera el sentir de millones de ciudadanos libres.

El Gobierno defiende su educación para su ciudadanía apoyándose en el Consejo de Europa, que en 2002 incluy\xF3 la educación para la ciudadanía democrática en las políticas educativas. Su propuesta no aborda los fundamentos ético-morales, ni menciona el mundo afectivo-emocional. Esos objetivos no se parecen en nada a la asignatura obligatoria de ZP. Y no pueden parecerse porque el Consejo de Europa sabe que son los padres los responsables de transmitir a sus hijos el mundo afectivo y los fundamentos éticos y morales.

La Educación para la Ciudadanía es hija de un poder adornado con ribetes de laicismo. Tiende a una interpretación exclusivista y autoritaria del "mínimo común ético constitucionalmente aceptado", "en lugar de reconocer los derechos de libertad ideológica y religiosa de las personas y favorecer su libre ejercicio", subraya acertadamente el profesor Otaduy.

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